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Resolucion IGJ 43-2020

La Inspección General de Justicia dispone nuevas medidas aplicables a las Sociedades por Acciones Simplificadas La Inspección General de Justicia (IGJ) aumenta, una vez más, las medidas regulatorias aplicables a las Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.), mediante su Resolución Nro.43/2020 publicada en el Boletín Oficial el 28 de octubre del 2020 y que entrará en vigencia el 12 de noviembre del mismo año. En primer lugar determina que todo trámite relativo a las S.A.S. (exceptuando el de inscripción de la subsanación impuesta por la RG IGJ 17/2020) debe ser presentado mediante dictamen profesional de precalificación (el cual deberá cumplir con las disposiciones legales del art. 11 primer párrafo RG IGJ 7/15). Aquellos dictámenes que sean emitidos posteriormente a la constitución de las SAS, deben incluir la ubicación completa de la sede social y una manifestación expresa del firmante dictaminando de si su intervención comprendió efectivamente la verificación de que en el lugar que se indica funciona el centro principal de la dirección y administración de las actividades de la entidad. Si la IGJ constata la inexistencia material de la sede social inscripta hará aplicable a la sociedad y a su representante legal de la multa que determina el art. 302 inc. 3, segundo párrafo de las Ley 19.550 (actualmente $100.000), sin perjuicio además de las acciones legales que pudiesen corresponderle como sociedad. Por otro lado, las SAS deberán cumplir o actualizar, según el caso la determinación de su beneficiario final. El incumplimiento de esta disposición causará la no inscripción ni conclusión de ningún trámite (art. 519 RG IGJ 7/15). En el caso de que estemos frente a sociedades ya registradas o en trámite de registración se considerará acción grave, la falsedad en la identificación de beneficiario final o declaración de inexistencia del mismo, estas situaciones serán plausibles de la multa mencionada del art. 302 Ley 19.550. En adición, se reforma el artículo 53 de la RG IGJ 6/2017, donde se agrega que las actas de las S.A.S. deberán ser suscriptas únicamente mediante firma digital por la persona autorizada a tal efecto. Por último, la resolución determina que mientras continúe la situación emergencia epidemiológica existente, se suspende la aplicación de la opción de certificación por parte de funcionarios autorizados de la IGJ, de firmas en instrumentos privados de constitución y en todo otro instrumento privado, de todas las personas jurídicas privadas sujetas a autorización, registro y fiscalización de este organismo.